Jorge Chediak afirmó que se afectaría el derecho la
intimidad
El debate sobre la transparencia para evitar la corrupción
está instalado. A nivel político existe consenso para que se hagan públicas las
declaraciones juradas de bienes ante la Junta de Transparencia y Ética Pública
(Jutep) de varios jerarcas de distintos ámbitos del Estado y gobernantes, que
si bien actualmente están obligados a cumplir con ese requisito, la información
no se divulga debido a que la normativa actual establece que solamente se debe
dar a conocer los estados patrimoniales del presidente y del vicepresidente.
El Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector que
lidera el expresidente José Mujica, presentó a los demás sectores del Frente
Amplio un proyecto de ley para ampliar las declaraciones juradas que deben
hacerse públicas, abarcando a los legisladores, directores de entes y servicios
descentralizados, intendentes, alcaldes, concejales, ministros de Estado,
ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
El aspecto más polémico de la iniciativa es que plantea la
obligación de realizar declaraciones juradas ante la Jutep a los privados que
tienen nexos comerciales con el Estado.
"Pretendemos seguir avanzando en un camino cada vez más
transparente donde todas las personas físicas que manejen fondos públicos,
incluso perteneciendo a instituciones u organizaciones privadas, deban rendir
cuentas de sus bienes e ingresos", dice la iniciativa del MPP y que tiene
al diputado Daniel Caggiani como uno de sus principales impulsores.
Al respecto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia,
Jorge Chediak, dijo que a su juicio incluir a los privados en el sistema de
declaraciones es algo "exorbitado" porque implicaría "una
violación al derecho de intimidad".
El artículo 3 del proyecto detalla que la obligación regirá
para entidades comprendidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS),
los licenciatarios o concecionarios de obra o servicios públicos, y
"organismos privados que manejen fondos públicos o administran bienes al
Estado, bajo cualquier título o modalidad". Agrega sobre eso último que la
reglamentación determinará el alcance de la obligación, y a partir de qué monto
la presentación será voluntaria.
"Abarcar a quienes contratan con el Estado, por ejemplo
suministrando productos, es demasiado y exorbita el marco constitucional",
consideró Chediak.
"No conozco democracia que haya transitado tan lejos
hacia la obligación de transparentar, porque los que tenemos la obligación de
ser transparentes somos los funcionarios públicos", dijo Chediak al ser
entrevistado anoche en el programa Quién es Quién que se emite por Televisión
Nacional de Uruguay (TNU, Canal 5).
Con lupa
El magistrado sostuvo que una norma de ese tipo "habría
que mirarla con lupa". "No todo mecanismo que tenga un objetivo
loable es constitucional porque puede chocar con determinados derechos",
afirmó.
Chediak indicó que existe hasta una dificultad operativa,
porque normalmente los privados que tienen negocios con el Estado son personas
jurídicas, es decir empresas, por lo que lo único respecto a ellas que podría
divulgarse son sus balances. "¿Se iría hasta la obligación de
transparentar los patrimonios de quienes son accionistas de esas empresas?",
se preguntó.
No obstante, el integrante del máximo órgano del Poder
Judicial dijo que está "totalmente" de acuerdo con divulgar las
declaraciones juradas de todas las personas que ocupan cargos de jerarquía en
el Estado, así como de sus familiares más directos.
Por su parte, el abogado constitucionalista Martín Risso
dijo a El Observador que la iniciativa del MPP en cuanto a abarcar a los
privados que en algunos casos tienen vínculos comerciales con el Estado es una
idea "muy fina" desde el punto de vista de la Carta Magna, por lo que
su articulado debe ser analizado con detenimiento.
"Es claro que a los funcionarios públicos se les puede
exigir y a los privados no, pero quienes contratan con el Estado en cierta
forma están en el medio, por lo que se debe estudiar", afirmó Risso.
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